El Ministerio Público Fiscal promovió acción penal a los manifestantes que planificaban el atentado contra bienes del estado y la salud pública, instigando a un conjunto de personas a cometer delitos e incitando a la violencia colectiva.

La gravedad de los mensajes de quienes organizaban este accionar y que tomaron público conocimiento, tales como: “a la casa de gobierno ahí hay que prender fuego de una vez”, una de las respuestas es “lleve nafta el que pueda yo voy a llevar botellas de vidrio y trapo atamos una molotov”, “lo primero que hacemos es romper las cámaras. No hagamos quilombo sin romper las cámaras”, “Hay que cerrar hospitales y centros de salud todos unidos no unos si y otros no”, determinó la actuación de oficio de la fiscalía para proteger el patrimonio del Estado y los derechos de la ciudadanía en su conjunto.

Reza el dictamen fiscal: “Que todo ello se postula sin desconocer el derecho constitucional de las personas a manifestarse y expresarse libremente, no obstante cuando esa actividad puede afectar, como en el caso, bienes públicos, la salud pública o cualquier otro derecho de las sociedad en general, la protección de estos últimos bienes jurídicos adquiere preponderancia, por lo que es necesario conciliar uno con el otro tomando las medidas para reducir la afectación del que involucra a toda la sociedad en su conjunto.”

El código penal argentino reprime la conducta de inducir a un grupo indeterminado de personas a llevar a cabo actos delictivos, en el caso, a prender fuego a bienes públicos, cerrar hospitales y centros de salud poniendo en riesgo la salud de la población, delito este que afecta el orden público por cuanto conlleva una alarma colectiva producida por un hecho concreto que afecta a bienes determinados que pertenecen a la comunidad en general.”