En las últimas semanas vimos a páginas digitales referirse a un tándem al que llamaron “la estafa del potenciar trabajo” y sin mayores argumentos denostan a beneficiarios y dirigentes sociales, siguiendo la línea editorial de los medios porteños hegemónicos que procuran dañar la capacidad de movilización de las organizaciones en contra del atropello del gobierno de Milei.

Ante esto algunas precisiones: El programa nace como salario social complementario en 2016, como un concepto superador del de los llamados planes sociales que se habían ejecutado hasta entonces. El término salario implica el reconocimiento de la categoría de trabajadores informales que debían prestar servicios en unidades productivas propias o generadas por una organización. Individuales o colectivas.

El principal requisito para entrar al programa era acreditar que no tenía ingreso o actividad registrada en Anses. Si la situación laboral o patrimonial cambiaba, progresando al trabajo formal o a la adquisición de bienes muebles o inmuebles, el beneficio caía automáticamente.

El PT podía gestionarse a través de organizaciones sociales, religiosas, productivas y a través del Estado en sus distintos niveles y jurisdicciones. El programa nació y se mantuvo siempre totalmente bancarizado. Nunca se transfirió dinero a las organizaciones. Además, el salario modificó su valor inicial, incrementando durante las gesiones.

Durante la presidencia de Alberto Fernández se estableció que no debía ser inferior al 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil. El programa alcanzó en la provincia a 12 mil riojanas y riojanos aproximadamente y significa un ingreso a valores de hoy de casi 1000 millones de pesos solo en salarios que se vuelcan directamente al consumo, es decir, a las economías locales traducidas en comercios de cercanía. Recientemente, por una acción judicial, nos enteramos de que miles de PT se vieron envueltos en una nube de criminalización, adjudicando una conducta ilegal a su situación administrativa.

El tratamiento de algunos medios busca directamente el escarnio público de los afectados como también la estigmatización de los dirigentes y militantes sociales afirmando o induciendo a pensar que fueron gestores de esos actos supuestamente irregulares. En este punto decimos primero que los gobernadores o Intendentes tienen facultades para designar al personal en sus respectivas jurisdicciones sin más requisito que la normativa propia.

En segundo lugar, si la situación de los PT correspondía a la de un trabajador formal sea del Estado o del sector privado, según la regulación nacional, el entrecruzamiento de datos debería haber concedido la anulación automática del beneficio. Por lo tanto, si no se efectivizó la baja del beneficio nacional es porque el sistema no detectó incompatibilidad.

El Ingreso Social es complementario porque no prohíbe ni inhibe que el beneficiario tenga otra actividad (mientras no sea un trabajo con salario efectivo, es decir, trabajo formal. Ni un trabajo independiente o autónomo cuya facturación supere el salario vital y móvil) para alcanzar el total del salario, que además en una coyuntura inflacionaria como la actual siempre está desfasado.

En el listado publicado por el Ministerio de Capital Humano en el Boletín Oficial, no hay ni funcionarios ni empleados públicos efectivos en la lista riojana en cuestión. Sino que el listado se configura por contratados, becados, titulares de programas de empleo, tutorías; es decir, personal precarizado. Pero también, el listado se completa por personas que alguna vez, y de manera ocasional, recibieron una ayuda económica por parte del Estado Provincial.

Es visible en este sentido que la comunicación del actual gobierno nacional, las coberturas mediáticas malintencionadas y las avanzadas judiciales persiguen el fin de estigmatizar una vez más a los sectores populares. Estamos hablando de personas que buscan el pan con dos actividades como muchos otros. ¿O no hay docentes en universidades nacionales que trabajan en el Estado provincial? ¿O funcionarios y empleados nacionales que hacen docencia en los sistemas provinciales? ¿O médicos que atienden en el sector público y en el sector privado?

La criminalización a los sectores populares tiene la intención de cargar sobre los hombros de quienes viven en situación de supervivencia, los costos de los negociados que serán generadores de más pobreza y desempleo en el futuro. Que el proceso judicial sirva para exponer la realidad ante los dedos señaladores de la opinión pública. Y la condición de vida precaria de muchísimos argentinos y argentinas, cuyo único pecado es intentar sobrevivir.

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