La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Universidad Nacional de La Rioja avanzan en la implementación de la capacitación obligatoria en derechos humanos para agentes de la administración pública provincial y de la comunidad universitaria. En una reunión realizada este martes 15 de abril, las autoridades de ambas instituciones coordinaron los pasos finales para poner en marcha esta iniciativa formativa.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, el director de Promoción, Marcelo Acosta, y parte del equipo técnico de la Secretaría. Por parte de la UNLaR, participó la rectora Natalia Álbarez Gómez, quien recibió de manos de las autoridades copias del “Informe final y Documentos Elaborados” de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de 1984, a 40 años de su elaboración.

También se entregaron ejemplares del Manual de Formación y Capacitación en Derechos Humanos, en el marco del convenio de colaboración y asistencia recíproca firmado previamente entre la Secretaría y las nuevas autoridades universitarias. Este acuerdo tiene como propósito capacitar en derechos humanos a todos los agentes de la administración pública, así como al personal y estudiantes de la comunidad académica.

Articular acciones
En una segunda instancia, Brizuela y Acosta mantuvieron un encuentro con el secretario académico de la universidad, Andrés Vera, para articular las últimas acciones necesarias para la implementación del programa.

“El compromiso de la Universidad con esta capacitación es significativo y generoso, brindando herramientas tecnológicas, así como recurso humano especializado, para formar a nuestros docentes en el uso de las plataformas digitales que se utilizarán en la formación”, destacó el director de Promoción.

Capacitación obligatoria por ley
La capacitación se enmarca en la Ley Provincial N.º 10.634, que establece su carácter obligatorio para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y empresas del Estado.

La norma tiene como objetivos centrales:
- Consolidar una provincia libre de odio, erradicando los discursos que lo promueven.
- Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos desde las instituciones del Estado.
- Identificar y reflexionar sobre situaciones de violación de derechos humanos.
- Prevenir la violencia institucional, abordando sus causas estructurales.
- Combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia y el negacionismo, aplicando criterios de interculturalidad y respetando los estándares internacionales de derechos humanos para pueblos migrantes y originarios.
- Luchar contra la impunidad en relación al terrorismo de Estado.

Con esta articulación interinstitucional, la provincia da un paso importante hacia una cultura democrática, inclusiva y comprometida con los derechos humanos como política pública transversal.